La Procuraduría General de la Nación apeló la medida de aseguramiento preventiva sin derecho a libertad provisional que adelantó la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, dentro de la investigación por sus presuntos vínculos con 'los 12 Apóstoles'. 

Para el Ministerio Público los fundamentos para encarcelar a Santiago Uribe no son adecuados según los lineamientos legales y constitucionales propios del ordenamiento jurídico, considerando así, que los fines necesarios para imponer la medida de aseguramiento no se encuentran satisfechos y en consecuencia debe revocarse la misma por ser improcedente.

"Frente a la posible no comparecencia del sindicado al proceso, es evidente que dichos elementos fueron despreciados, pues es el mismo fiscal quien en su escrito reconoce que el señor Santiago Uribe Vélez ha concurrido a los llamados de la justicia a lo largo de la investigación previa y de instrucción y que ciertamente se trata de una persona con arraigo social y familiar", aseguró la Procuraduría en la apelación.

La Procuraduría agregó que no es acertado partir para la imposición de la medida de aseguramiento de la mala fe del procesado, quien ha asistido siempre que ha sido citado, y, además, nunca ha demostrado o se ha comportado de una manera que demuestre algún deseo de evadir la acción de justicia.

El Ministerio Público señaló que la medida de aseguramiento es un mecanismo excepcional que debe buscar imponerse cuando sea estrictamente necesario, bajo rigurosos criterios de necesidad y proporcionalidad, siendo "inadecuada la imposición de una medida intramural por la sola connotación o gravedad del caso".